Díaz cede y deja que los agentes sociales fiscalicen los ERTE hasta finales de año.

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Giro de guion en el planteamiento inicial del Gobierno en las negociaciones para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de junio. En la nueva propuesta remitida a los agentes sociales, cuyo borrador están valorando las organizaciones patronales y sindicales en estos momentos y ya ha podido consultar La Información, el Ejecutivo recupera la comisión de seguimiento tripartita que había eliminado en su oferta anterior y que era clave tanto para los empresarios como para los sindicatos para poder fiscalizar la evolución de las medidas de flexibilidad adoptadas y su posible extensión más allá del 30 de septiembre, fecha tope impuesta por los representantes gubernamentales para la finalización de los nuevos ERTE. De este modo, «se abre la puerta a continuar con los expedientes hasta que acabe el año», avanzan desde el diálogo social.

En concreto, y si no hay nuevos cambios de última hora de cara a la reunión prevista para la mañana de este miércoles en la que el Gobierno espera poder cerrar un acuerdo para llevar un real decreto ley a un Consejo de Ministros extraordinario que podría celebrarse el viernes, el borrador contempla que «la Comisión de Seguimiento tripartita laboral creada por la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto‐ley 18/2020, de 12 de mayo, valorará las medidas adoptadas, la evolución de la actividad económica y del empleo, así como las eventuales medidas futuras, reuniéndose al efecto y efectuando el intercambio de la información necesaria para ello».

De esta manera, el Ejecutivo, en una negociación liderada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, abre la puerta a que los ERTE, en las condiciones favorables que se establezcan, se prolonguen más allá del 30 de septiembre si resulta necesario en función del ritmo de recuperación que vayan experimentando las empresas. La propia ministra dejaba caer esta posibilidad en una entrevista televisiva el martes: «Tenemos la mirada larga y la hacemos extensiva hasta final de año», afirmaba, «porque, ojalá no pase nada y todo vaya bien, pero el Gobierno está en preaviso para cualquier reacción que tuviéramos que tomar con carácter inmediato», añadía.

Los agentes sociales consiguen así una importante cesión por parte del Gobierno, que había eliminado esta comisión de seguimiento en su anterior propuesta, un movimiento que los interlocutores de la patronal y los sindicatos interpretaron como una maniobra del Ejecutivo para impedirles fiscalizar la evolución de estos ERTE y poder formar parte de la toma de decisiones de cara a nuevas medidas a adoptar en la recta final del año. Tanto la patronal como los sindicatos eran partidarios de prorrogar los expedientes hasta el 31 de diciembre, porque están convencidos de que será necesario para amortiguar el golpe de la crisis al empleo, pero cedieron en la fecha límite para acercar posturas con el área económica del Gobierno, muy preocupada por la factura que ya están suponiendo los ERTE.

Por otro lado, los agentes sociales esperan cesiones del Gobierno en materia de exenciones a las cotizaciones sociales. En el borrador, el Ejecutivo deja en blanco estos porcentajes, que están pendientes de las últimas negociaciones de cara a reunión que se celebra este miércoles y que se espera que sea la última. En principio, la patronal y los sindicatos ya han conseguido mejorar la propuesta inicial de la Seguridad Social con mayores exoneraciones para los ERTE por fuerza mayor parcial (los de fuerza mayor total desaparecen tras finalizar el estado de alarma), que además se mantendrían intactas entre julio y septiembre, y nuevas exenciones para los ERTE objetivos, es decir, los de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que hasta ahora corrían a cargo de las empresas en su totalidad.

Los sindicatos esperan, además, que el Gobierno cambie su estrategia de premiar las exoneraciones de los trabajadores que se van reincorporando a la actividad y dediquen esos recursos a seguir protegiendo a la parte de la plantilla que continúa en el ERTE. Tal y como está planteado ahora el esquema de exenciones, al empresario le sale más a cuenta de cara a las cotizaciones sociales sacar a trabajadores del ERTE que dejarlos en suspenso, pero las organizaciones sindicales consideran esta ayuda innecesaria y han pedido al Ejecutivo que dé la vuelta a estas rebajas y sitúe los mayores porcentajes de exoneraciones en las cotizaciones de los empleados en ERTE. En estos momentos se están valorando porcentajes de exenciones de entre el 30% y el 65%, en función del tamaño de la empresa y a la espera de ver cómo quedan en el eventual acuerdo.

El resto del borrador mantiene intacta la propuesta inicial. Si bien hay elementos novedosos respecto a la anterior prórroga de los ERTE (la que los alargó hasta el 30 de junio), como la prohibición a las empresas inmersas en estos procesos de hacer horas extra, realizar nuevas contrataciones o externalizar servicios, el planteamiento de Trabajo es el mismo en lo que se refiere a los vetos a determinadas empresas a la hora de acceder a las ayudas. Por ejemplo, no se permite acogerse a los ERTE a las compañías que tengan su domicilio en paraísos fiscales y las que se acojan no podrán repartir dividendos, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la  exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social.

Además, el Ministerio de Trabajo mantiene sus restricciones a los recortes de plantilla, caballo de batalla de Díaz en estas negociaciones, frente a una patronal que va a seguir presionando para flexibilizar los compromisos de mantenimiento del empleo impuestos ante unas previsiones poco halagüeñas para los próximos meses. De este modo, el borrador contempla la extensión de la prohibición de los despidos por causas objetivas y de la finalización de los contratos temporales hasta el 30 de septiembre. Y también mantiene la ‘cláusula de salvaguarda del empleo’ que obliga a las empresas a mantener intactas a las plantillas afectadas por el ERTE durante los seis meses posteriores a la finalización del mismo, salvo en casos en riesgo de concurso de acreedores y algunas excepciones en función de las características de los sectores o, por ejemplo, en despidos disciplinarios.

La patronal, en duda 

La cuestión del mantenimiento de las plantillas es uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno y la CEOE. Pero no el único. Los principales líderes de las patronales sectoriales mantenían ayer una reunión (en ausencia del presidente Antonio Garamendi) en la que varios sectores mostraron su rechazo al borrador del Ejecutivo, según informan fuentes de la confederación. Entre ellos, todos los relacionados con el turismo (la hostelería, las hoteleras, las agencias de viajes…), pero también otros como la automoción, que pese a estar notando un cierto impulso en las ventas, consideran que será momentáneo. Los empresarios manejan un dato demoledor: «Un tercio del comercio está en riesgo de echar el cierre» y, ante este panorama, muchos se inclinan por el ‘no’ al acuerdo, tal y como está planteado en el borrador en estos momentos, y exigen mejoras en el texto.

Está previsto que los agentes sociales se pronuncien oficialmente respecto a este borrador durante las próximas horas para intentar cerrar un acuerdo con el Gobierno este miércoles por la mañana. No será el último, habida cuenta de que se mantiene en funcionamiento la comisión de seguimiento, y en paralelo se crean nuevas mesas de negociación. En concreto, el texto provisional pide una reunión «a la mayor brevedad» para tratar cuestiones relacionadas con la prestación por desempleo reconocida durante los ERTE a las personas con varios contratos a tiempo parcial y «las posibles soluciones al consumo durante el estado de alarma de las prestaciones y subsidios por desempleo  de personas no afectadas por ERTE». Además, se compromete a constituir una mesa «con el objetivo de alcanzar un pacto que incorpore medidas tendentes a la recuperación del nivel de empleo previo a la crisis».

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